Por: María Teresa Zegada
Después de los intrincados años de crisis política que sucedieron entre 2019 y 2020, el país entra en una relativa estabilidad producto de las elecciones generales. No obstante, la polarización política subsiste debido al “ajuste de cuentas” aplicado por el gobierno de Arce contra los opositores, y por la subsistente conflictividad marcada por la crisis económica y la pandemia. Distintos sectores sociales ejercen una fuerte presión movilizada para alcanzar sus objetivos particulares; por ejemplo, el paro movilizado de los gremialistas en 2021 contra el proyecto de Ley de Ganancias Ilícitas, o en 2022 las intensas movilizaciones en La Paz por parte de los cooperativistas mineros auríferos que lograron grandes concesiones del Estado para seguir explotando minerales a costa de la depredación ambiental. Más graves aún son los múltiples casos de avasallamiento de tierras, las pugnas por el control de recursos, el contrabando o el narcotráfico cada vez más fuera del alcance estatal.
El conflicto más crítico del año fue, sin duda, el paro movilizado de más de 30 días propiciado por el movimiento cívico/institucional de Santa Cruz por la fecha de realización del censo, que terminó en una negociación que podría considerarse una victoria para Santa Cruz, a pesar de los grandes errores estratégicos tanto de la dirigencia cruceña como de los operadores del gobierno central.
El dato político relevante es el restablecimiento de la ALP como espacio real de deliberación y negociación, propiciado por la ruptura de la mayoría del MAS que se instaló desde 2006. La fisura entre las dos fracciones de parlamentarios -“radicales” versus “renovadores”- es una buena señal para la democracia tanto dentro de la instancia legislativa como al interior del propio MAS, por la posibilidad de dar espacio a la disidencia y plantear alternativas a la dirigencia que monopolizó esta organización.
No obstante, el dato político más preocupante es la progresiva erosión de la confianza en las instituciones, junto a la ausencia de autoridad estatal.
Acerca del Autor:
María Teresa Zegada
Socióloga con Maestría en Ciencia Política (CESU-UMSS). Doctora en Procesos Sociales y Políticos en América Latina (PROSPAL) en la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (U-ARCIS, Chile). Docente en la Universidad Mayor de San (UMSS); en Carrera de Comunicación de la Universidad Católica Boliviana (UCB); en la Universidad Privada Boliviana y en el CIDES-UMSA. Ha escrito varios libros y artículos sobre política, democracia, movimientos sociales, partidos y conflictos. Investigadora y consultora en organismos nacionales e internacionales.
