Por: Andrés Cuba Borda

Inicialmente, contemplemos algunas definiciones acerca de la inclusión financiera.
El Banco Mundial, por ejemplo, define la inclusión financiera como: “El acceso a productos financieros útiles y asequibles, que satisfagan sus necesidades -transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguros – y que se prestan de manera responsable y sostenible”. De esta forma, la inclusión financiera es esencial para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad.

Por otra parte, la CAF menciona que la inclusión financiera se trata de un “fenómeno multidimensional que comprende el acceso de la población (incluidas las empresas) a los productos y servicios financieros, el grado de uso de estos productos y servicios, así como también su calidad y costo”.

En Bolivia, la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero), define a la inclusión financiera como: “El acceso universal de la población a servicios financieros adecuados y regulados; los cuales deben tener como función social contribuir al vivir bien, eliminar la pobreza, la exclusión social y económica de la población”.

A lo largo de los últimos años, los organismos internacionales, instituciones, ONGs, y formuladores de políticas públicas han dirigido su atención hacia la Inclusión Financiera ya que se ha evidenciado un impacto favorable en variables económicas que afectan positivamente en distintas variables económicas. Existen grandes avances en cuanto a la relación positiva entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico, así como también en cuanto a su impacto en el crecimiento de la productividad, la generación de riqueza, y la reducción de la pobreza.

En la actualidad, la inclusión financiera es considerada como un factor fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde una perspectiva de temas que incluyen Salud y Bienestar, Trabajo decente, y Reducción de las desigualdades, entre otros.

Desde el año 2014, muchos países establecieron como parte de sus estrategias nacionales, la adopción de programas de Inclusión y Educación Financiera. En este proceso, participan tanto instituciones públicas encargadas de la supervisión y regulación del sistema financiero, como también instituciones del sector financiero privado.

En el caso de Bolivia y bajo el marco de la Ley 393 de 2014, se ha priorizado la inclusión financiera como herramienta para lograr un mayor avance en temas de desarrollo económico y social. El marco normativo establece que las entidades de intermediación financiera (EIF) deben orientar sus esfuerzos a mejorar el acceso y uso de los servicios financieros, enfocar los préstamos para desarrollar el sector productivo, alcanzar a un mayor número de personas que utilicen servicios financieros, otorgar productos financieros adecuados a las necesidades de los prestatarios, proteger a los consumidores financieros, trabajar en programas de educación financiera e incrementar la calidad de los servicios financieros.

Es importante mencionar que si bien existe en el país un avance considerable en relación al uso y calidad de servicios financieros; el acceso a servicios financieros es el indicador más representativo cuando nos referimos a los niveles de inclusión financiera alcanzados.

Entendemos como acceso a la existencia de instrumentos que permiten a las entidades financieras formales llegar a los diferentes segmentos de la población con una oferta de servicios financieros. Estos canales, denominados Puntos de Atención Financiera (PAF) incluyen a las sucursales, cajeros automáticos, banca móvil y banca por internet, y otros puntos de atención financiera.

Muchos expertos consideran que contar con acceso a una cuenta bancaria es el primer paso hacia una mayor inclusión financiera. Contar con una cuenta para depósitos, abre la posibilidad de comenzar a ahorrar, realizar pagos de servicios, pagos a terceros y posteriormente, evoluciona en la posibilidad de acceder a créditos, y servicios financieros cada vez más sofisticados. En ese sentido, concentrarse en el acceso universal a los servicios financieros fue una prioridad durante los últimos años.

Para ejemplificar, en el gráfico a continuación se observa como la cobertura de acceso en Bolivia desde el 2007 a la fecha, ha dado pasos importantes. En el 2007, 81 municipios contaban con cobertura o presencia de Entidades de Intermediación Financiera con una oferta de servicios muy limitada. En comparación, a septiembre 2022, 281 municipios cuentan con amplia cobertura y más del 48% goza de una alta oferta de servicios financieros.

En base a la información del Banco Central de Bolivia y el Reporte de Inclusión Financiera de la ASFI de septiembre, 2022, se evidencia un incremento significativo en la cantidad de PAF y las cuentas de depósitos y número de prestatarios. Apoyados por una serie de políticas públicas implementadas con el objetivo de fortalecer los niveles de intermediación financiera, estos avances se reflejaron de igual manera en mayores niveles de profundización financiera[1].

Es importante mencionar que la crisis de COVID19 ha contribuido a que la dimensión de acceso a servicios financieros gane representatividad los últimos años. Este factor ha impulsado a las Entidades de Intermediación Financiera a invertir en tecnología con miras a profundizar una inclusión financiera digital, a partir de la utilización de medios digitales, como las plataformas de banca por internet y aplicaciones móviles. A la fecha, estos canales son más robustos y permiten acceder a una mayor cantidad de servicios financieros, como la apertura de cuentas en línea, transferencias bancarias ágiles (QR) y el pago de múltiples servicios.

El desarrollo e implementación de estas tecnologías ha permitido reducir costos para las entidades financieras, así como también para los usuarios financieros y, como resultado, ha incrementado el alcance a un mayor número de personas que hasta ese momento no habían logrado formar parte del sector financiero formal.

En conclusión, la inclusión financiera en Bolivia a partir de la dimensión del acceso, medida en niveles de cobertura, ha sido representativo, no solo gracias a las políticas establecidas por el regulador, sino también por el esfuerzo del sector privado (EIF) que ha invertido en infraestructura y tecnología para acompañar este proceso, apostando a una mayor inclusión financiera que puede impulsar la prosperidad y el desarrollo de las regiones.

Quedan aún muchas brechas por cerrar y que se deben trabajar a partir de esfuerzos conjuntos que potencien el uso efectivo de los servicios financieros (créditos, depósitos, medios de pagos, seguros, etc.) de manera regular y permanente.

[1] Los niveles de profundización financiera se miden como la relación entre cartera y depósitos con respecto al PIB.

Acerca del Autor:

Andrés Cuba Borda

Licenciado  en Ingeniería Comercial, Master en Gerencia de Marketing (Universidad Católica Boliviana, Cochabamba- Bolivia). Formación complementaria en Competitividad, Redes empresariales y Desarrollo Productivo (ILPES/CEPAL). Es analista de Negocios y experto en evaluación de MiPymes del Banco de la Comunidad en Cochabamba, Bolivia e Investigador asociado junto a distinguidos profesionales académicos de instituciones como el Consejo Departamental de Competitividad (FEPC). Su interés mayor está en la Inclusión Financiera, el estudio de las capacidades de investigación y desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas en la región.