El prolongado conflicto protagonizado por la Central Obrera Boliviana se inscribe en las tendencias de conflictividad registradas en los últimos meses, pero marca también aspectos poco frecuentes.

De acuerdo a los registros de prensa del Observatorio que mantiene sobre este tema el CERES con el apoyo de Ciudadanía y el respaldo de Cosude, en los últimos meses se ha mantenido un elevado nivel de actividad conflictiva en el país, con un promedio en el primer tercio del año de 60 conflictos por mes.
Una tendencia clara de los últimos meses ha sido la del aumento proporcional de eventos conflictivos en el área urbana y una reducción correspondiente en el área rural. Aunque algunos de estos eventos se han manifestado en áreas rurales, como los bloqueos en caminos carreteros, sus protagonistas han sido actores urbanos que han desplazado sus acciones hacia dichas zonas con el fin de aumentar la presión que ejercen con sus luchas. Esto puede observarse en el gráfico que acompaña esta nota.
Los datos muestran también que se mantiene elevada la preferencia por la realización de eventos de adhesión activa, que implican cierto nivel de violencia, ya que llevan las acciones fuera del ámbito habitual de actividades y buscan involucrar por la fuerza a otros ciudadanos, de manera que el malestar de los afectados intensifique la presión que buscan ejercer sobre el gobierno.

Lo que es nuevo en el caso del conflicto de la COB es su grado de agregación. La tendencia dominante era a la acción fragmentada en las movilizaciones. En este último caso, que sobre todo transcurre en las últimas semanas, nos encontramos con una acción convergente de varios grupos obreros que piden la reversión del sistema de pensiones hacia una modalidad superada con la reforma de los años 1990. Lo que estas movilizaciones exigen es que las jubilaciones no sean determinadas por los aportes que realizan los trabajadores en su vida laboral, sino por decisiones políticas.
Y en ese sentido, aunque se trata de una movilización mas amplia que las habituales, no deja de tener el mismo carácter particularista que las demás, porque en el fondo ponen en juego el deseo de capturar una parte de las rentas que están bajo control del estado a fin de asegurar beneficios para su grupo, excluyendo de los mismos a quienes no forman parte del mismo. Como se sabe, los trabajadores que aportan al sistema de pensiones representan una parte minoritaria de la fuerza laboral. Minoritaria pero de magnitud significativa de manera que un aumento en sus rentas implicaría afectar los recursos fiscales de una manera también importante.
Esa es una de las razones por las cuales el gobierno se ha mostrado reacio a ceder ante la demanda de la COB. Con el sistema vigente de pensiones, las jubilaciones se financian con los aportes ahorrados más lo que esos ahorros logran generar. Un aumento que se decida independientemente de esas cifras afectaría los recursos que, en teoría, son del conjunto de los bolivianos.
El problema es que la demanda de la COB contiene también una protesta por promesas no cumplidas, ya que los trabajadores perciben que su reivindicación fue acogida como parte del apoyo político que brindaron a un gobierno que todavía consideran suyo. Pero sienten que es una promesa no realizada y que consideran factible dada la magnitud de recursos que ha manejado el Estado en este periodo de bonanza.