RELACION DIRECTA | Según los datos obtenidos, la frecuencia con que en las parejas se producen episodios de violencia se relaciona con la permisividad ante los delitos.
Cochabamba es el departamento donde más personas que viven en pareja admiten que durante los últimos meses en su relación se cometió alguno de los delitos identificados en la Ley 348. Y es también donde más dificultades tiene la gente para reconocer como delitos las actitudes identificadas como tales por ese instrumento legal.
En efecto, cuando a las personas encuestadas en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz se les preguntó: “En los últimos seis meses, ¿se cometió alguno de los delitos de violencia doméstica en su pareja?”, el 30,1 por ciento de la gente dio una respuesta positiva en Cochabamba, frente a 20,5 por ciento que dio similar respuesta en Santa Cruz y 15,9 en La Paz. Ese dato es bastante mayor al promedio nacional (20.6 por ciento) y casi duplica al registrado en La Paz, que es el más bajo.
La percepción sobre el tema también varía dependiendo del género de las personas encuestadas. Así, si el promedio nacional indica que un 20,7 de las parejas encuestadas reconoce haber tenido algún episodio de violencia durante los últimos meses, resulta significativa la diferencia entre el 17,6 por ciento de varones frente a un 23,7 de mujeres que así lo hizo.
¿Es o no es delito?
Para indagar sobre la percepción sobre lo que es y no es un delito, ante las personas encuestadas se definió delito como “un acto que es penado por ley”, y luego se les preguntó si los siete actos que mencionaba uno por uno eran delitos.
En general, los que implicaron violencia física fueron reconocidos como delitos por más del 90 por ciento de los encuestados, incluyendo en ellos los golpes con la mano, con objetos o el hecho de forzar relaciones sexuales en la pareja.
De todas esas formas de violencia, las relaciones sexuales forzadas fueron las que más comúnmente fueron reconocidas, aunque también en este punto se manifestó cierta discrepancia entre la percepción masculina y femenina. En efecto, mientras sólo 2,5 por ciento de las mujeres no incluyó esa actitud como delito, llegó a 3,8 el porcentaje de los varones que no consideran que las relaciones sexuales forzadas estén penadas por ley.
Como en el punto anterior, Cochabamba también se destaca frente a La Paz y Santa Cruz por ser el departamento donde es mayor la negación de esos actos como delitos, lo que indica que los riesgos de violencia física son mayores en Cochabamba. Es notable, por ejemplo, el hecho de que en este departamento llegue a 4,1 el porcentaje de personas que considera que forzar relaciones sexuales no es un delito o que 5,9 por ciento de las personas haya afirmado que tampoco lo son los golpes propinados con un objeto.
Una tendencia similar se puede observar en los demás ejemplos de violencia física.
Los golpes dados con la mano no son vistos como un delito de violencia doméstica por 8,7 por ciento de las personas en Cochabamba, frente al promedio nacional que es de 6 por ciento.
Los delitos no físicos, como los de violencia verbal, violencia psicológica y violencia económica, son menos reconocidos como delitos por la gente, sobre todo por los varones y Cochabamba vuelve a destacarse por su tolerancia frente a esas actitudes.
El esconderle documentos personales a la pareja, tipificado como delito con pena de dos años de cárcel por lo menos, no es considerado delito por casi una quinta parte de la gente.
El delito menos reconocido como tal es el económico: ocultarle a la pareja cuánto gana una persona es considerado un delito por solamente la mitad de las personas, a pesar de que se trata de un delito claramente tipificado en la Ley 348, tanto en lo que hace a los flujos de dinero, como al patrimonio que se adquiere durante la vida en pareja.
En este tema, la tolerancia en Cochabamba está también por encima del promedio nacional pues mientras el promedio nacional de quienes no ven con malos ojos que su pareja le esconda el dinero llega al 49,0 por ciento, en Cochabamba se eleva al 54,9 por ciento.
En el tema de la violencia psicológica, nuevamente la situación es peor en el caso de Cochabamba, donde la proporción de los que no consideran que sea un delito llega al 41 por ciento, mientras el promedio nacional no supera el 28,7 por ciento.
Hay sólo dos excepciones a esa tendencia general, que muestra la mayor tolerancia cochabambina hacia las distintas formas de violencia. Se trata de la violencia verbal y la ocultación de documentos, actitudes cuya naturaleza delictiva es desconocida por más personas en Santa Cruz que en los otros departamentos en los que se hizo el estudio.
Finalmente, luego de haber preguntado por los siete delitos, se les pidió a los encuestados que dijeran si alguno de ellos había experimentado en su pareja. Algunos respondieron que no tenían pareja. Pero de los que sí vivían en pareja, uno de cada cinco admitió que alguno de los delitos se había cometido en los últimos seis meses. Esa proporción supera el 30 por ciento en el caso de Cochabamba.
DE LOS 7 DELITOS, EN 5 DE ELLOS LA SITUACIÓN SE PRESENTA PEOR EN COCHABAMBA QUE EN LA PAZ Y SANTA CRUZ. LA IDEA DE QUE NO SON DELITOS TIENDE A SER UN POCO MÁS ALTA ENTRE LOS VARONES
Más permisividad, más riesgos
Redacción central
El propósito principal de esta sección de la encuesta realizada por el Foro Regional, una iniciativa conjunta de Los Tiempos, Ciudadanía y el Ceres, fue detectar el riesgo de violencia doméstica en los hogares bolivianos. Para ello se quiso averiguar qué tanto sabe la gente sobre lo que la Ley 348 considera delito y maltrato a la mujer. Se preguntó a las personas encuestadas si consideraban delito (un acto prohibido y penado por ley) a siete acciones que puede realizar una persona sobre su pareja (todas tipificadas como delito en la Ley), y al final se preguntó si alguna de esas acciones había tenido lugar en su propia pareja recientemente (en los últimos seis meses).
En líneas generales, los resultados del estudio coinciden en mostrar a la población cochabambina como la que más fácilmente reconoce que la violencia doméstica es frecuente en sus relaciones de pareja. Paradójicamente, lo que en apariencia es un contrasentido, es también el departamento donde menos frecuentemente se reconoce la naturaleza delictiva de muchas de las actitudes que han sido tipificadas como delito en la legislación vigente.
De una u otra manera, ambos datos conducen a una clara conclusión: es que de los tres departamentos que constituyen el eje central, que es donde se aplicó la encuesta, Cochabamba es donde es mayor el riesgo de la violencia entre parejas.
Análisis
Roberto Laserna, Director del Ceres
La ley 348 y la violencia doméstica
Alguna vez escuché decir que la Ley 348 es como la 1008 contra los hombres. Bromas aparte, la frase encierra algo de razón. Primero, porque si bien la ley se orienta a castigar por igual a cualquiera que cometa esos delitos, en los hechos, la mayor parte de la violencia doméstica es cometida por los hombres y en contra de las mujeres y los niños. Así que la prevención debe orientarse fundamentalmente a desalentar las actitudes violentas en los varones.
Éste es el otro elemento que tiene la ley, que justifica la analogía con la 1008: es también muy rigurosa y transfiere en gran medida la carga de la prueba sobre el agresor. Con el rigor de los castigos y las dificultades de la defensa, se pretende desalentar el delito. Cuando la víctima acude a las autoridades en busca de protección, la ley dispone de inmediato medidas de protección, lo que prácticamente implica suponer la culpa de la otra parte. Y es en gran medida lógico que así sea, puesto que se trata de delitos que tienen lugar en el ámbito del hogar y entre convivientes. Este hecho hace que sea muy difícil la decisión de denunciar, y por ello mismo impone urgencia a la acción protectora de las autoridades. Puede decirse que la Ley 348 está afincada en la idiosincrasia nacional, que emerge de la experiencia boliviana.
Ahora bien, para que la ley cumpla su cometido de prevención, debe ser conocida y difundida en sus detalles. Los posibles agresores deben saber que lo que hacen es un delito y que por ello pueden ser rigurosamente castigados.
En ese sentido, la encuesta del Foro Regional que comentamos ofrece datos de gran relevancia, pues muestra que muchos actos de violencia doméstica que tienen elevada incidencia en los hogares bolivianos, todavía no están reconocidos como delitos por quienes los cometen. De hecho, es impresionante saber que por lo menos en uno de cada cinco hogares del eje metropolitano nacional se ha cometido alguno de esos delitos tan recientemente como en los últimos seis meses. Y peor aún en Cochabamba, donde la prevalencia sube hasta más del 30 por ciento de las parejas.
En síntesis, la información obtenida ratifica que la violencia doméstica es un problema muy serio para una elevada proporción de los hogares, y que la Ley 348 es un instrumento necesario para combatir ese problema. Los agresores actuales y potenciales deben ser informados del riesgo que corren, pues eso ayudará a que se controlen y desarrollen actitudes más respetuosas y consideradas hacia sus parejas. Tal vez así podamos avanzar hacia relaciones más armónicas, construyendo esa sociedad libre de violencia que debemos construir y que, ni duda cabe, debe empezar en el hogar.
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