Los Tiempos – Luis Fernando Avendaño

El 75 por ciento de los bolivianos considera que deberían respetarse los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 (21F) y, además, el 65 por ciento cree que el presidente Evo Morales no debería presentarse a una nueva reelección.

Estos datos, entre otros, fueron levantados por una encuesta realizada en las tres principales áreas metropolitanas del país (Cochabamba, La Paz y Santa Cruz) por el Foro Regional de Cochabamba, y cuyas interpretaciones finales fueron presentadas esta semana. El Foro Regional está integrado por Los Tiempos, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y Ciudadanía, la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (Ciudadanía).

Según los resultados, un apabullante 75 por ciento considera que la votación del 21F tiene mucho más valor que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que avaló la repostulación del mandatario. Sólo el 25 por ciento piensa lo contrario.

Además, el 65 por ciento cree que Morales no debería volver a ser candidato contra un 35 por ciento que considera que sí. El rechazo es mayor en Santa Cruz (77 por ciento) y en Cochabamba (71 por ciento) que en La Paz (50 por ciento).

El 58 por ciento de los bolivianos admite haber votado alguna vez por Morales. De modo inverso, la mayoría se encuentra esta vez en La Paz (73 por ciento), Cochabamba (57 por ciento) y Santa Cruz (44 por ciento).

Sin embargo, el 46 por ciento de quienes dieron respuesta positiva responde que no volvería a votar por Morales, contra un 56 por ciento que mantendría su voto.

El 51 por ciento de las personas consultadas afirma haber votado por el No en el referendo 21F, y sólo el 27 por ciento a favor. Se ve que en el primer caso, las respuestas de la encuesta coinciden con los datos oficiales; en el segundo, no.

Por lo mismo, el 62 por ciento está en desacuerdo con la decisión del TCP de habilitar a Morales para una nueva repostulación, mientras que sólo el 34 por ciento apoya la medida.

El 68 por ciento escuchó hablar de las plataformas ciudadanas, el 60 cree que tienen razón en sus reclamos y el 25 por ciento las apoya activamente.

60% da la razón a los colectivos. El 25 por ciento de la población boliviana dice participar activamente de alguna plataforma ciudadana.

ANÁLISIS

Los candidatos y las instituciones

Daniel Eduardo Moreno Morales*

 

La reciente decisión del Tribunal Supremo Electoral de habilitar a Morales y García para participar como candidatos en las elecciones del próximo año molesta a muchos en el país, pero sorprende a muy pocos. La decisión molesta porque contradice lo dispuesto en la Constitución, y principalmente porque contraviene la voluntad popular expresada en los resultados de un referéndum administrado por el mismo Órgano Electoral, en el cual la propuesta que permitiría a los gobernantes optar por una cuarta elección consecutiva fue rechazada por la mayoría de la población. El malestar que genera esta decisión es proporcional a la seriedad con la que los bolivianos se toman las elecciones: datos de la encuesta del Foro Regional del mes de septiembre muestran que más del 70% de la población de las 3 principales áreas metropolitanas del país creía que el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 debería prevalecer.

Pero la decisión sorprende a muy pocos porque es parte de un proceso más largo de desmantelamiento y manipulación de las instituciones que deberían evitar que el poder se concentre en un partido y en una persona. La habilitación es posible gracias al Tribunal Constitucional Plurinacional, que a finales de 2017 decretó que la reelección presidencial indefinida es un derecho humano del presidente-candidato, y que por tanto la provisión constitucional que limita la reelección a una sola oportunidad no es aplicable. Esta decisión irresponsable crea un conflicto de poderes y obliga al TSE a elegir entre dos disposiciones contradictorias. Si bien algunos esperaban una actitud heroica de parte del TSE, no sorprende a nadie que hayan optado por la salida más fácil frente a los otros poderes del estado.

Si vemos un poco más allá, los miembros del TCP responsables del fallo de 2017 fueron electos en elecciones populares fuertemente cuestionadas por la forma arbitraria en que los candidatos fueron seleccionados por la Asamblea Legislativa controlada por el MAS. Tan cuestionadas fueron las elecciones que, en un resultado inédito, los votos de rechazo (nulos y blancos) superaron ampliamente los votos válidos a favor de alguno de los candidatos. Ése es el tribunal que anuló la decisión mayoritaria de los bolivianos.

Las instituciones son fundamentales para el funcionamiento de una democracia. Su manipulación política tiene un costo muy alto para todos.

 

*El autor es sociólogo y doctor en ciencia política

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