Por: Jenny Cartagena T
Cinco de cada 10 de los encuestados en las áreas metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz reprueban al Estado como administrador de las empresas productivas, de los servicios públicos y de las obras de infraestructura, lo consideran “un mal administrador”, según una encuesta realizada a 1.104 ciudadanos por Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública para el Foro Regional.
Como parte de su modelo y políticas económicas, en los últimos 10 años, el Gobierno presidido por Evo Morales, además de reasumir la administración de las empresas estratégicas del Estado, ha ampliado este rol a las nuevas empresas productivas –que construyó con millonarias inversiones– y a las obras de infraestructura, además, ha transferido al Estado el manejo de varios servicios públicos, áreas antes atendidas por iniciativas privadas.
El 53,3 por ciento de los encuestados considera “mal administrador” al Estado en cuanto a las empresas productivas, frente a un 37,5 por ciento que cree que es “bueno. El 9,2 por ciento se abstuvo de responder o dijo no saber.
Cuando se trata de servicios públicos, la evaluación es casi similar a la anterior, el 53,5 por ciento opina que es “malo”. El porcentaje de reprobación se reduce sobre su administración de las obras de infraestructura (48,1 por ciento), frente a un 43,7 por ciento que opina que lo hace «bien» y el 8,2 por ciento que no eligió ninguna de las dos opciones.
Al ser consultados sobre el éxito o fracaso de algunas de las inversiones específicas realizadas por el Estado en los últimos años, como la Planta de Hierro de El Mutún, Enatex, el Satélite Túpac Katari, la industrialización del gas, la represa Misicuni y la Empresa de Correos de Bolivia, la reprobación es mayor.
Sobre El Mutún, casi la cuarta parte (23,5 por ciento) respondió que “es un fracaso” y solo el 9,8 por ciento dijo que “es un éxito”, mientras que el 22,7 por ciento consideró que el proyecto «tiene problemas, pero hay que esperar”.
Con relación a la empresa textilera Enatex –cerrada hace poco, luego de varios años de estar bajo la administración del Gobierno–, el 59,7 por ciento considera que ésta fue un fracaso, y el 4,8 por ciento, que fue exitoso. Sobre el Satélite Túpac Katari los criterios también son extremos, el 42,5 por ciento afirma que fue un fracaso y el 20,6 que tiene problemas.
Los porcentajes se invierten sobre la industrialización del gas. El 65 por ciento sostiene que es un éxito frente a un 8,1 por ciento que lo considera un fracaso y un 15,9 por ciento que cree que hay problemas.
REDUCCIÓN DE GASTOS
En caso de una situación económica crítica en el país, que podría darse por una mayor baja de los precios de las materias primas que Bolivia exporta, y que obligue al Gobierno a tomar medidas, el 72,3 por ciento de los encuestados considera que para cubrir esa falta de dinero, el Ejecutivo nacional debe reducir sus gastos y como segunda alternativa (10,2 por ciento) subir los impuestos.
En concordancia con esta respuesta, a la pregunta sobre qué se tuviera que reducir primero de los gastos, el 34,1 por ciento opina que deben ser los gastos del Gobierno central y el 15 por ciento, los gastos en la administración pública.
Llama la atención en estas respuestas que un 19 por ciento de los entrevistados esté de acuerdo con reducir, como primera medida, los bonos y un 12,5 por ciento, los gastos militares en seguridad.
Análisis
Luis Pablo Cuba – CERES
La Política Económica: Una radiografía nacional
Después de una década verdaderamente bendecida por los precios de las materias primas parece haber concluido un ciclo económico expansivo en Bolivia. Pocos se imaginaban que el crecimiento de China y de otros países emergentes tuviera un gran impacto sobre la realidad latinoamericana. Más allá de los indicadores que muestran que Bolivia vivió una década de oro, ahora ese tiempo parece quedar atrás. Una encuesta en agosto, a nivel del eje metropolitano en Bolivia, muestra la percepción que tienen los bolivianos sobre la política económica.
Mucho se habló, en todo este tiempo, de un modelo económico blindado y que habría sido diseñado por “la escuela de los Chuquiago boys” por lo que se podría estar seguros de tener empresas públicas confiables, diversificar la economía y generar importantes alternativas de ingresos que provendría de las inversiones realizadas en el país.
Sin embargo, la realidad parece no coincidir con lo que se esperaba de esa política económica. Para los entrevistados, el 58 por ciento señala que las rentas del gas y los minerales siguen siendo la principal fuente de ingresos del Gobierno, cerca de un 33,5 por ciento piensa que son los impuestos y sólo un 6 por ciento señala que provienen de las utilidades de las empresas públicas. Esto refleja que la población no percibe transformaciones profundas respecto al modelo económico propuesto en Bolivia desde el año 2006.
Cuando se pregunta ¿en qué actividades es el mayor gasto del Gobierno?, la gente –en el eje metropolitano nacional– considera que los gastos están destinados a carreteras, puentes y edificios gubernamentales, en 48 por ciento; un 11 por ciento considera que se gasta más en educación; un 11 por ciento, en salud; y cerca de un 10 por ciento piensa que el Gobierno gasta en Seguridad, Fuerzas Armadas y Policía.
En síntesis, la política de los últimos 10 años no parecería expresar para la población boliviana el éxito que tanto se pregona y que los datos y la realidad muestran otra Bolivia. El país pudo haber crecido mucho más con el boom de materias primas, pero no se diversificó la economía. Aunque se hicieron muchas obras en carreteras y se invirtió en empresas estatales, los resultados no son los que se podrían haber esperado. Se ha tenido una gran cantidad de recursos públicos que significaban una gran oportunidad de cambiar la estructura productiva del país.
