La población del eje central del país parece reclamar “a gritos” una reforma del sistema penal boliviano, mejorar las condiciones de vida de los presos, solucionar el problema de la corrupción en las cárceles de Bolivia, poner fin a la retardación de justicia, garantizar los derechos humanos de los reclusos y garantizar un juicio justo en todos los tribunales de Bolivia.
A la pregunta de hasta qué punto es importante hacer una reforma del sistema penal boliviano, el 57 por ciento de la población encuestada responde “muy importante”, y el 32 por ciento “algo importante”. Sólo el 9 por ciento le da poco valor a la demanda y un exiguo dos por ciento le resta valor por completo.
Asimismo, el 83 por ciento de la población reclama por la mejora de las condiciones de vida de los presos. De ese porcentaje, el 43 por ciento lo ve “muy importante”, y el 40 por ciento “importante”. Quienes le restan importancia no alcanzan al 15 por ciento.
La corrupción en las cárceles de Bolivia también es una preocupación de la población boliviana. Al 66 por ciento le parece “muy importante” dar una solución a este problema, y para el 27 por ciento es “algo importante”. Nuevamente quienes restan importancia a este tema son muy pocos: apenas un 6 por ciento que dice que es poco importante y el 1 uno por ciento, que considera nada importante.
De la misma manera, al 69 por ciento de la población boliviana, según la muestra levantada, le parece que la retardación de justicia ya está de buen tamaño y que urge ponerle una solución. Quienes califican este problema sólo como importante llegan al 24 por ciento. Más atrás, con un 5 por ciento están quienes ven poco importante este problema, mientras que quienes le restan total importancia no alcanzan ni al uno por ciento.
Más allá de que sean reclusos, la población boliviana reclama también el respeto a los derechos humanos para esta población. Más de la mitad de los consultados (50,7 por ciento) lo considera “muy importante” tomar en cuenta estos derechos, mientras que el 37 por ciento, lo ve “algo importante”. Con esta situación, prácticamente el 87 por ciento de los encuestados reclama por los derechos humanos de la población carcelaria. Sólo uno de cada 10 le asigna “poca importancia” al tema, mientras que los que no le ven nada importante no llegan ni al uno por ciento.
Finalmente, el 67 por ciento de los encuestados reclama como algo “muy importante” garantizar un juicio justo en todos los tribunales del país, mientras que el 26 por ciento, es decir la cuarta parte de los consultados, lo ve como “algo importante”. Sólo el 5 por ciento lo ve como “poco importante”, y quienes no lo ven como nada importante no llegan al 1 por ciento.
PIDEN DDHH, PERO NO LOS MISMOS
Los encuestados demandan por los derechos humanos de los presos, pero no los mismos que para el resto de la población. “Los delincuentes no deberían tener los mismos derechos humanos que los demás ciudadanos” ¿Qué tan de acuerdo está con esta frase? El 22 por ciento asigna un cuatro sobre siete, y el 23 por ciento cinco sobre siete, haciendo entre ambos 45 por ciento, es decir una tendencia de respaldo a esa forma de pensar.
Algo parecido ocurre con la frase “los presos en las cárceles no deberían tener los mismos derechos humanos que los ciudadanos que no han cometido ningún crimen”. Los mayores picos están en cuatro sobre siete y cinco sobre siete, con 22 y 24 por ciento de respaldo, respectivamente.
Eso sí, 83 por ciento afirma no haber tenido experiencia carcelaria, mientras que el 13 por ciento cuenta con un pariente o amigo preso.
ANÁLISIS
VIVIAN SCHWARZ-BLUM
CIUDADANÍA
¿Qué cambiamos en la reforma del sistema penal?
Desde el Ministerio de Justicia se oyen anuncios de que se viene una largamente anticipada reforma del sistema penal en el país. Desde la sociedad civil se oyen voces que enfatizan la urgencia de esta reforma, principalmente en lo que se refiere al funcionamiento del sistema carcelario y la retardación de justicia. Menos voces, demandan una reforma también en el trato que las instituciones estatales dan a delincuentes y población carcelaria.
Una reforma del sistema penal no es asunto simple. Para el Estado, institucionalmente, el sistema carcelario ya representa un gasto; una reforma significa más inversión en un tema que no es prioridad en la agenda pública y que, últimamente, es un desprestigio debido a los escándalos de corrupción en los rangos administrativos y por las condiciones de vida de los presos, de las cuales el hacinamiento es solamente una de las violaciones a los derechos de la población carcelaria, aunque éstas no generan tanto interés público como los escándalos de corrupción.
En la última encuesta del Foro Regional en las tres regiones metropolitanas del país más del 50 por ciento de la población considera muy importante hacer una reforma al sistema penal y, sin embargo, el 68,8 por ciento de la población de las tres áreas donde se ubican las cárceles más importantes del país declara que los delincuentes no deberían tener los mismos derechos humanos que los demás ciudadanos, y el 72 por ciento declara que los presos en las cárceles no deberían tener los mismos derechos humanos que los demás ciudadanos. No existen diferencias significativas de opinión entre regiones.
Tres cuartos de la población mayoritaria nacional niega que los delincuentes y los presos tengan los mismos derechos humanos que el resto de los ciudadanos.
No estamos hablando de derecho a votar o a la libre circulación. Estamos hablando de condiciones básicas como alimentación, salud, seguridad y de respeto.
¿Qué cambiamos entonces en la reforma del sistema penal? Empecemos por donde deberíamos haber empezado, por los derechos humanos y por la sociedad.
