Ramiro Moncada – Los Tiempos
El 75,5 por ciento de los cochabambinos cree que el Órgano Judicial Boliviano no es independiente ni del Ejecutivo, ni del legislativo.
En tanto que un 24,5 por ciento dice que sí es independiente. Los datos se desprenden de la segunda encuesta del área metropolitana de Cochabamba, realizada por Ciudadanía y el Foro Regional.
Los responsables del diseño de la muestra, del cuestionario y del proceso de levantamiento de información de esta encuesta son Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública. (Ver ficha técnica en la página D1).
Otros datos
Un 17 por ciento de los cochabambinos considera que los tribunales de justicia no garantizan “para nada” un juicio justo. Mientras que un 2,6 por ciento de los encuestados dice que “garantizan mucho”.
Si bien resaltan las cifras de los extremos, hay un 33,4 de los cochabambinos que le da puntuación de 3 (de 1 al 7) a la credibilidad de la justicia en el país.
El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y sus miembros fueron elegidos por sufragio universal por los ciudadanos bolivianos. Sin embargo, solamente un 0,7 por ciento de los encuestados dice que tiene confianza en dicho tribunal, contra un 16,2 por ciento que dice que no tiene confianza.
Un 30,8 por ciento le da una puntuación de 3 (de 1 al 7) de confianza.
Sobre la justicia comunitaria en Bolivia, vigente en la Constitución Política del Estado, los ciudadanos encuestados de la región metropolitana de Cochabamba dicen que un 19,3 por ciento no confía en la justicia comunitaria y un 6,7 por ciento dice que sí tiene confianza.
Los encuestadores preguntaron a cada uno de ciudadanos consultados si tenían algún juicio o proceso legal vigente. De estos el 4,4 por ciento respondió afirmativamente, mientras que el 95,6 por ciento no es ni demandante, ni demandado.
De las personas que respondieron que sí tienen un proceso legal en curso, el 57,7 por ciento dice que son demandantes y el 42,3 por ciento demandados.
Para qué sirve
Y la justicia, ¿para qué sirve? La mayoría de los cochabambinos, 44,3 por ciento, dice que es para defender a los ciudadanos; el 42,1 por ciento asegura que es para castigar a los culpables y, finalmente, un 13,6 por ciento dice que es para proteger a las víctimas.
Sobre el Órgano Judicial Boliviano, el 59,9 por ciento dice que debería ser independiente del Ejecutivo para ser más eficiente en su trabajo. En tanto que el 40,1 por ciento responde que “no necesariamente necesita independencia para hacer un buen trabajo.
De los que responden que el Órgano Judicial debe ser independiente, la mayoría son hombres (62,6 por ciento), frente al 54,3 que son mujeres.
De los que piensan que no es necesaria la independencia la mayoría son mujeres (43,3 por ciento) frente al 35,1 de hombres.
Educación y justicia
La diferencia entre los que responden que la justicia necesita independencia para hacer un buen trabajo y los que no, aumenta de acuerdo al nivel de educación.
Así, entre los encuestados con formación primaria un 53,3 por ciento dice que sí debe haber independencia. En tanto un 76,6 por ciento con formación universitaria completa tiene similar respuesta.
El 66,4 por ciento de los cochabambinos está en desacuerdo con la distinción que hace la Constitución Política del Estado entre la justicia ordinaria y la justicia indígena.
En tanto que el 25,3 por ciento está de acuerdo con la distinción. Y un 8,3 por ciento responde que está “ni de acuerdo ni en desacuerdo”.
SOBRE NARCOTRÁFICO Y HOJA DE COCA
El 60,2 por ciento de los cochabambinos encuestados de la región metropolitana está de acuerdo en que la mejor forma de combatir al narcotráfico es endureciendo el castigo contra traficantes y consumidores. El 19,8 por ciento está en desacuerdo con esta estrategia.
En tanto que el 18,6 está muy de acuerdo; y un 1,4 está muy en desacuerdo con esta estrategia.
A la pregunta ¿hasta qué punto cree usted que el Gobierno combate el narcotráfico?, el 24 por ciento de los encuestados dice que no combate para nada al narcotráfico. Un 1,7 por ciento va a otro extremo y dice que el Gobierno combate mucho al narcotráfico.
La mayoría de los encuestados, el 28 por ciento, le da un puntaje de 3 (de una escala de 1 a 79) al combate del Gobierno al narcotráfico.
Sobre el informe de demanda de hoja de coca que requiere la población para usos lícitos, un 23,6 por ciento de los cochabambinos encuestados en Cochabamba responde que confía en el estudio.
Recuérdese que ese estudio sobre la coca, con la ayuda de la Unión Europea, fijaba en 14.705 hectáreas la cantidad de coca requerida para el consumo tradicional en Bolivia.
El 2,5 por ciento respondió que confía en el informe sobre la coca que fue presentado por el Gobierno.
La mayoría de los encuestados, el 30,7 por ciento le da un grado de confianza de 3 (en una escala del 1 al 7) al informe sobre consumo de coca en Bolivia.
SOMOS IGUALES ANTE LA LEY
Marcelo Gonzales Yasic
Abogado
Dos de cada tres cochabambinos cree que el Gobierno actual poco o nada respeta la Constitución Política, por esto es que el valor supremo de la igualdad ante la ley resulta inalcanzable, porque esta conducta oficial de arbitrariedad también se replica en los habitantes que tienden a no respetar la Constitución y las leyes en la misma medida. A nadie debería asombrar que nuestro país haya caído en un estado visible de anomia, donde cualquier situación deriva de la carencia o incumplimiento deliberado de las normas sociales.
Esa permisividad gubernamental hacia la inconstitucionalidad o la ilegalidad ha contribuido a la degradación del relacionamiento social básico y la convivencia pacífica entre los bolivianos. Tal es así que un 48,6 por ciento de los encuestados por Ciudadanía en Cochabamba, cree que las autoridades en algunas ocasiones pueden capturar delincuentes al margen de la ley, frente a un 51,4 por ciento que cree que siempre se debería respetar la ley para ese cometido. Esta es una muestra de la fractura del Estado de Derecho en el que las formas ya no tienen importancia y menos las normas.
Para explicar este fenómeno debemos retrotraer ese momento histórico en que irrumpen los políticos populistas que han impuesto forzadamente en 2009 la distinción constitucional entre la justicia ordinaria y la comunitaria. Está claro que dos de cada tres cochabambinos (66,4 por ciento) están en desacuerdo con esta distinción, pero no deja de tener importancia ese grupo del 25,3 por ciento que está de acuerdo con la justicia comunitaria, como un sistema extrajudicial que algunos inescrupulosos utilizan como justificativo o excusa para capturar delincuentes al margen de la ley y la racionalidad, pero ante todo para aplicar sanciones mortales o lesiones físicas con una alta dosis de violencia, características que se las entendía superadas.
Este retroceso, sumado a las actuaciones inconstitucionales del Gobierno, ha profundizado la desigualdad ante la ley de los miembros de la sociedad, cuando en teoría todos somos iguales en el ejercicio de los derechos, pero muy desiguales en el cumplimiento de las obligaciones.
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