La absorción de movilizaciones por el conflicto en torno a la carretera que iba a cruzar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isidoro Sécure – TIPNIS- redujo la cantidad absoluta de conflictos sociales en Octubre, pero aumentó su magnitud e intensidad.
De acuerdo a los datos registrados por la prensa, el Observatorio de Conflictos de CERES, que cuenta con el apoyo de Ciudadanía, encontró que en torno al TIPNIS se realizaron por lo menos 22 actividades conflictivas, la mayoría de las cuales expresaban su respaldo a los grupos indígenas que protagonizaban la marcha. Por eso, el número de conflictos del mes se redujo considerablemente en comparación al mes de septiembre, pero esa disminución fue más que compensada por la cobertura geográfica de ese conflicto y sus dimensiones demográficas.
En los últimos 12 meses surge nítidamente el de septiembre como el de mayor conflictividad, siendo el segundo mes con más conflictos de los últimos 42 años. Estos datos sugieren que el año 2011 concluirá como el de mayor frecuencia de conflictos desde 1970, superando al año 2010, cuando se registraron 811 huelgas, paros, marchas y bloqueos.
Este es uno de los factores que explica las serias dificultades de gobernabilidad en el país. Las autoridades ocupan una gran parte de su tiempo en atender demandas y, como se dice, “apagar incendios”, por lo que se ven obligados muchas veces a precipitar decisiones y propuestas que, justamente por eso, terminan también siendo objetadas. Lamentablemente, son en cierto modo responsables de que esto ocurra ya que la consigna de “gobernar obedeciendo” y su autodefinición como “gobierno de los movimientos sociales” en gran medida alienta este tipo de comportamientos. El resultado es que su capacidad de gestión se ve afectada y las instituciones pierden poco a poco credibilidad.
Los datos provienen del Observatorio de Conflictos del CERES, que tiene actualmente el apoyo de la Comunidad de Estudios y Acción Pública Ciudadanía. El Observatorio dispone y mantiene actualizada una base de datos sobre los conflictos sociales que se registran en la prensa nacional desde el año 1970. Esa base de datos permite el análisis cuantitativo de la conflictividad social en el país detectando las frecuencias y clasificando a los conflictos según los grupos sociales que los protagonizan, sus demandas, las formas de acción que desarrollan y los adversarios hacia los cuales orientan sus protestas y reivindicaciones.