Por Marcelo Salinas Gamarra

La encuesta metropolitana del Foro Regional ha detectado en el área urbana de Cochabamba un severo problema de exclusión en el acceso al derecho. Los debates sobre la reforma de la justicia se han concentrado sobre todo en los tribunales, su estructura y funcionamiento, su profesionalización y su gestión, pero no ha prestado atención a las dificultades cotidianas de la gente cuando se trata de conocer y ejercer sus derechos, conocer y cumplir las leyes,

La tasa de judicialización es la proporción de personas que se encuentra involucrada en un proceso judicial ya sea como demandante o como demandado. Diversos estudios estimaron que en Bolivia la tasa de judicialización alcanza al 4 por ciento, es decir, que en Bolivia cada año se inician aproximadamente 400.000 nuevas causas de una población total  de 10 millones de habitantes.

La encuesta del Foro Regional ha detectado que, independientemente del sexo o edad, la tasa de judicialización en Cochabamba es del 4,4 por ciento, que está en el rango de  la media nacional. El dato concuerda con varios otros estudios realizados y con el promedio nacional, constituyendo uno de los más bajos de América Latina. Chile, por ejemplo, presenta una tasa de 16 por ciento, o Asunción (Paraguay) la tasa se encuentra cerca del 20 por ciento,  Brasil 13 por ciento y Costa Rica 17 por ciento entre otros.

Ésta parece una buena noticia porque sugiere que los cochabambinos del área metropolitana resolvemos nuestras controversias sin necesidad de acudir a los tribunales. Pero esta noticia no es tan buena porque esconde algo más grave: que más del 50 por ciento de los bolivianos no puede contratar un abogado por falta de recursos. Es decir, que una gran mayoría de los bolivianos no puede ni siquiera informarse de sus propios derechos por razones económicas (ingresos), lo que se ve agravado por la ausencia del Estado (poder judicial) en muchísimas regiones del país. Esta perspectiva nos permite comprender que no todos los problemas están en el poder judicial, sino que la pobreza estructural en el país no ha sido tomada en cuenta al momento de diseñar los mecanismos de acceso a la justicia.

Por otra parte, existen dificultades en el poder judicial. Sería injusto culpar de esto a los magistrados y los jueces. En el país existen nueve jueces por cada 100 mil habitantes, esta cifra es muy baja en comparación con Costa Rica que cuenta con 25 jueces por cada 100 mil habitantes o en Uruguay 14. En Bolivia a cada juez le llegan alrededor de 500 causas al año, que muy difícilmente las podrá atender razonablemente. El presupuesto del poder judicial en la era neoliberal era del 3 por ciento del PGN, hoy  es el 1 por ciento. Siguen siendo de 100 millones de dólares por año mientras la población sigue creciendo. Es decir, gastamos en justicia 10 dólares per cápita por boliviano. Está claro que si aumentamos el presupuesto, duplicamos el número de jueces, los instalamos en los lugares a los que no ha llegado el Estado y además hacemos de la función judicial una carrera digna, que cuente con una universidad de capacitación permanente a los jueces, el uso de tecnología y otras medidas que mejoren su desempeño, se lograrían mejoras más importantes que las que puede proporcionar un nuevo código de procedimiento civil, o la amenaza de penalizar a los jueces. Hay que entender que el acceso a la justicia es una obligación insoslayable del Estado a través de políticas judiciales claras, eficaces y concretas como las que hemos mencionado anteriormente, pero que es necesario situar la problemática en el contexto del que forma parte.

El autor es abogado

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